Los reclamos de Cuba para la devolución del territorio guantanamero donde se ubica la base naval norteamericana demandan un análisis desde el Derecho Internacional. Pese a su incuestionable «inmoralidad», existen diversas posiciones jurídicas respecto al fundamento que pudiera alegar Cuba en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia o para que esta emita una Opinión Consultiva.
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Con
la convocatoria a las fuerzas progresistas del mundo a luchar contra el
imperialismo que pone en peligro el destino y futuro del planeta,
concluyó en Guantánamo
la sexta edición del Seminario Internacional por la Paz y la Abolición
de las Bases Militares Extranjeras, que aconteció del 4 al 6 de mayo en
la provincia más oriental de Cuba.
Cuando el 29 de mayo de 1934 fue noticia la abolición de la Enmienda Platt, apéndice impuesto por Estados Unidos a la Constitución que acompañó en 1902 el nacimiento de la República de Cuba, parecía cerrarse un capítulo de oprobio para el pueblo.
Sin embargo, se mantuvo el artículo sobre el arrendamiento estadounidense de la zona ocupada ilegalmente por la base naval en Guantánamo, en un inicio bajo el disfraz de «estaciones carboneras», por tiempo indefinido.
La historia reseña que el senador republicano Oliver Platt propuso la enmienda, sancionada como ley por el presidente William McKinley el 2 de marzo de 1901. El ímpetu desplegado por las luchas sindicales y estudiantiles condicionó que los gobiernos de ee. uu. y Cuba firmaran, 33 años después, el Tratado Permanente de Relaciones Recíprocas, para derogar el engendro anexionista, aunque quedaron cláusulas activas.
Por ello aún permanece usurpando el territorio que ilegalmente ocupa la base militar estadounidense en Guantánamo, que ha sido centro de provocaciones contra la Revolución cubana, principalmente en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Hoy está enclavada allí una cárcel donde se practica la tortura en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo, violándose los más elementales derechos humanos.
Cubanos como Rubén López Sabariego, Luis Ramírez López y Ramón López Peña se cuentan entre las víctimas de las constantes agresiones y provocaciones realizadas desde el territorio ilegalmente ocupado.
Datos de interés
De los 117,6 kilómetros cuadrados que tiene la base, solo 49,4 son de tierra firme, y una línea costera de 17,5 kilómetros.
Hasta el 2008 habían pasado por el centro alrededor de 800 prisioneros de más de 40 países, la gran mayoría, afganos y pakistaníes.
En el 2013 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso más de 450 millones de dólares para obras de mantenimiento en la prisión ilegal y otros 200 millones de dólares para mejorar las instalaciones temporales.
